Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.

MODIFICA Y REFUNDE: Ley 17/1985, Ley 9/1994 y las modificaciones relacionadas (entre ellas Ley 11/1995 y dispos. adic. 34ª de la Ley 19/1996), incorporando además adaptaciones a cambios de rango estatal (Ley 4/1995 y Ley 13/1996). La norma unifica en un texto único y moderniza la regulación de la función pública de la Generalitat para mejorar la calidad del servicio y adaptarse a las limitaciones presupuestarias, estableciendo principios claros (legalidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad, eficacia y eficiencia) y definiendo el ámbito y las categorías de personal (funcionarios, eventuales, interinos y laborales), sus derechos y deberes, los órganos superiores de gestión de personal (Gobierno, consejería competente, Comisión Técnica, Consejo Catalán de la Función Pública e Inspección General), y los instrumentos de organización y planificación (plantilla, relación de puestos de trabajo, oferta de empleo público y Registro General de Personal electrónico). Regula los sistemas de selección (oposición, concurso-oposición, concurso, promoción interna y cursos/prácticas), la valoración de méritos, la reserva de plazas para personas con discapacidad, las reglas de provisión y movilidad de puestos, el régimen retributivo (sueldo, trienios, complementos de destino y específicos, productividad y gratificaciones), la formación (Escuela de Administración Pública), y las situaciones administrativas (servicio activo, jubilación, excedencias, servicios especiales, suspensión, expectativa de destino). También fija un régimen disciplinario con faltas leves, graves y muy graves y sanciones proporcionales, garantías procesales y plazos, regula la condición y funciones del personal eventual e interino, prevé medidas transitorias para adaptar personal laboral y transferido, crea cuerpos y escalas cuando procede, promueve la coordinación entre administraciones y la transparencia en convocatorias y retribuciones, y autoriza al Gobierno a aprobar por decreto el texto refundido y las normas de desarrollo necesarias.