Ley 7/2025, de 26 de diciembre, de la Generalitat, reguladora del acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia.

NUEVA LEY. DEROGA: Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat sobre perros de asistencia para personas con discapacidad, y las normas reglamentarias que se opongan a la nueva norma. Esta ley de la Comunitat Valenciana reconoce y regula el derecho de las personas usuarias de perros de asistencia (incluidos perros para personas con trastorno del espectro autista y perros de aviso/alerta médica) a acceder, deambular y permanecer en igualdad de condiciones en todo el entorno público, transportes, centros sanitarios (con limitaciones justificadas), puestos de trabajo y espacios privados de uso colectivo; define las categorías de perro de asistencia (guía, servicio, señalización de sonidos, aviso médico y TEA), la unidad de vinculación persona–perro y las obligaciones de usuarias, propietarias y adiestradores (control, higiene, vacunaciones y desparasitaciones, esterilización, revisión veterinaria anual, póliza de responsabilidad civil mínima de 300.000 € y formación del usuario). Regula el reconocimiento administrativo y el registro de unidades de vinculación, la identificación mediante carnet y distintivo (también digital), el reconocimiento de entidades de adiestramiento (con exigencia de adiestramiento profesional acreditado, nivel 3), el régimen para perros en formación y jubilados (con identificación especial y límites de uso), las causas y trámites de suspensión y pérdida de la condición, las responsabilidades civiles y el régimen sancionador (infracciones leves, graves y muy graves con multas de 100–400 €, 401–2.000 € y 2.001–6.000 € y, para muy graves, medidas sobre entidades de adiestramiento), así como la creación de un registro conectado con el RIVIA; contempla procedimientos transitorios (reconocimiento automático de perros guía vinculados por la ONCE y vigencia provisional del Decreto 167/2006 hasta el desarrollo reglamentario), campañas informativas, y plazos de desarrollo normativo (decreto del Consell en 1 año y orden de la conselleria en 6 meses) para garantizar la aplicación y la protección del bienestar animal y los derechos de las personas usuarias.