Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

El Real Decreto‑ley 5/2026, aprobado el 17 de febrero de 2026 tras las graves borrascas (noviembre 2025–febrero 2026) y la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, establece medidas urgentes para atender a las personas y reparar y adaptar infraestructuras —con especial foco en municipios de Andalucía y Extremadura— mediante ayudas directas y anticipos, actuaciones de emergencia y líneas de financiación; entre lo más relevante: ayudas por fallecimiento/incapacidad (72.000 €) y por daños en vivienda, enseres y establecimientos (con topes y reglas flexibles sobre titularidad y seguros), anticipos de hasta el 50% por declaración responsable y 150 €/día por persona desalojada; subvenciones a entidades locales para obras de reparación y prevención (anticipos hasta el 100%, comisiones de evaluación en Delegaciones del Gobierno); medidas agrarias y pesqueras (ayuda extraordinaria equivalente al 30% de los ingresos agrarios con mínimos y topes, compensación de pérdidas no cubiertas por seguros, subvención de primas hasta el 70%, apoyo a caminos agrícolas y comunidades de regantes, y ayudas a armadores en Málaga, Cádiz y Huelva); apoyo a autónomos y empresas (ayudas directas inembargables: 5.000 € para autónomos y cuantías escaladas para empresas, exención de IRPF/IS sobre esas ayudas, líneas de avales para reconversión, exenciones/reducciones fiscales como IBI/IAE y bonificaciones de tasas); medidas de empleo y mercado de trabajo (ERTEs por fuerza mayor o ETOP con acceso a prestación sin carencia y al 70% de la base reguladora, prohibición de despidos por razones vinculadas a la catástrofe para beneficiarios de ayudas, subvenciones para contratación en obras de reconstrucción y adaptaciones para trabajadores agrarios y del hogar); medidas de Seguridad Social (prestación extraordinaria para autónomos que cesen por los hechos sin exigir periodos mínimos, exenciones y aplazamientos de cotizaciones, exclusión de estas ayudas del cómputo del IMV); dominio público e infraestructuras (actuaciones de emergencia en cauces, dominio público marítimo‑terrestre e infraestructuras hidráulicas y de transporte, con créditos extraordinarios para confederaciones hidrográficas, ADIF y carreteras y subvenciones a ayuntamientos y Fundación Biodiversidad); protección de consumidores (suspensión de plazos de desistimiento y exención de documentación para afectados); refuerzo operativo de TRAGSA, CORREOS, IGN/CNIG, AEMET y plantillas en organismos implicados; medidas de gestión administrativas y excepciones legales para agilizar pagos y contrataciones, con numerosas disposiciones transitorias y aplicaciones retroactivas (incluyendo efectos desde el 4 de febrero de 2026 para empleo y aplicabilidad a la DANA de 2024 en ciertos supuestos); y habilitación de créditos extraordinarios por cientos y miles de millones de euros para financiar las distintas líneas (por ejemplo, 2.121 M€ para ayudas agrarias, 600 M€ para actuaciones de TRAGSA, 120 M€ para ayudas a empresas, 200 M€ para actuaciones de la Fundación Biodiversidad, 500 M€ para Fondo de Entidades Locales, más otras partidas para carreteras, hidráulica y seguros agrarios). EN RESUMEN: SE TRATA DE UN REAL DECRETO‑LEY URGENTE QUE INTRODUCE MEDIDAS SOCIALES, FISCALES, LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE INFRAESTRUCTURAS Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN TRAS LAS INUNDACIONES Y BORRASCIAS. MODIFICA O EXCEPCIONA DETERMINADAS NORMAS PREEXISTENTES, ENTRE ELLAS (A TÍTULO PRINCIPAL): REAL DECRETO 307/2005 (RÉGIMEN DE AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SUS ESPECIFICACIONES), DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXAGÉSIMA PRIMERA DE LA LEY 35/2006 (IRPF), Y EL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL REAL DECRETO‑LEY 6/2024; ADEMÁS ESTABLECE EXCEPCIONES O APLICACIONES ESPECIALES RESPECTO DE LEYES Y REALES DECRETOS COMO LA LEY 38/2003 (SUBVENCIONES), LA LEY 9/2017 (LCSP, CONTRATACIÓN PÚBLICA) Y OTRAS NORMAS SECTORIALES CITADAS.