Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

MODIFICA NORMATIVA EXISTENTE: entre otras, Real Decreto‑ley 34/2020; Real Decreto‑ley 11/2020; Real Decreto‑ley 37/2020; Real Decreto 401/2021; Real Decreto‑ley 6/2024; Real Decreto‑ley 8/2024; Real Decreto‑ley 20/2021; Real Decreto Legislativo 670/1987 (Ley de Clases Pasivas); Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015); Ley 47/2015; Ley 43/1998 y Ley 50/2007; Real Decreto‑ley 13/2022; Real Decreto 1120/2024, entre otros. Resumen claro para la ciudadanía: ante la persistencia de riesgos económicos se prorrogan y adaptan ayudas y medidas dirigidas a hogares vulnerables, jóvenes, empresas y administraciones locales: se mantienen y financian descuentos y bonificaciones del transporte público (con gratuidad infantil, descuentos juveniles relevantes y descuentos generales con cofinanciación local mínima del 20%), ayudas a Renfe y a concesionarios por carretera, incentivos para mejorar líneas y frecuencias, subvenciones para bicicletas eléctricas y sistemas de préstamo, y medidas especiales para Canarias e Illes Balears; en materia económica se prorroga el control de determinadas inversiones extranjeras estratégicas hasta 31/12/2026, se excluyen pérdidas por la DANA de la causa de disolución de sociedades y se autoriza excepcionalmente en 2025 nuevo endeudamiento o recursos para la Comunitat Valenciana por la DANA; en Seguridad Social se revalorizan las pensiones y otras prestaciones en 2025 en un 2,8% (con anexos de cuantías mínimas), se actualiza la base máxima de cotización y se aplica la nueva cotización de solidaridad para 2025, se flexibilizan compromisos vinculados a ERTE/Mecanismo RED (mantenimiento de empleo entre 6 meses y 2 años) y se condiciona la concesión de ayudas a la prohibición de despidos por aumentos de coste energético; para colectivos vulnerables se prolonga hasta 31/12/2025 la suspensión de desahucios y lanzamientos en supuestos de vulnerabilidad y se crea una línea de avales estatales para cubrir impagos de alquiler de jóvenes y familias vulnerables; además se prorrogan medidas de reconstrucción y apoyo a La Palma, se extiende la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y se diseña la senda de transición del bono social hasta su régimen permanente el 1/1/2026; la norma incluye reglas de control, justificación y sanción para las ayudas, dotaciones presupuestarias y mecanismos de gestión (anticipos, liquidaciones y controles administrativos), y entra en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE (con efectos económicos desde el 1/1/2025 para lo referido a pensiones y cotizaciones).