NO ES UNA NUEVA LEY; DESARROLLA LA LEY 2/2023 (TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2019/1937) Y NO MODIFICA OTRAS LEYES, SI BIEN APLICA SUPLETORIAMENTE Y SE REFIERE A NORMAS COMO LA LEY 40/2015, LEY 39/2015, LEY 47/2003, LEY 33/2003, LEY 9/2017, LEY 25/2013, REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015 (EBEP), REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015 (ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES), LEY 3/2015, LEY 52/1997 Y LEY 53/1984. El real decreto aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), un organismo público estatal independiente con sede en Madrid cuya misión es proteger a las personas que informan sobre infracciones, prevenir y combatir la corrupción y garantizar la integridad de las administraciones; la A.A.I. recibirá y tramitará las comunicaciones por el canal externo, adoptará medidas de protección y apoyo, coordinará con otras autoridades, instruirá y resolverá procedimientos sancionadores, elaborará circulares y recomendaciones, y remitirá memoria anual y estadísticas. Está organizada con una Presidencia (alto cargo, nombramiento por real decreto del Consejo de Ministros, mandato de cinco años no renovable y prohibición de aceptar instrucciones externas), una Comisión Consultiva y tres departamentos (Protección del Informante; Seguimiento y Régimen Sancionador; y Gerencia) que regulan funciones, personal (funcionarios o laborales), retribuciones, incompatibilidades, secreto profesional y evaluación. En lo económico‑financiero dispone de patrimonio propio y fuentes de financiación (Presupuestos del Estado, bienes y parte de sanciones), se rige por la normativa de contratación pública y contabilidad aplicable, y en régimen transitorio será financiada y apoyada administrativamente por el Ministerio de la Presidencia hasta disponer de presupuesto propio; el decreto fija la obligación de notificar nombramientos de responsables de sistemas internos, deroga normas contradictorias y entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
BOE-A-2024-22298