Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

NUEVA LEY: Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco; DEROGA: Ley 6/1989; MODIFICA: Ley 7/1981 (art. 29) y Ley 7/2021 (se añaden disposiciones, entre ellas sobre cuerpos penitenciarios). Esta norma crea un marco moderno y único para ordenar el empleo público vasco, aplicable al personal funcionario, laboral y eventual del sector público vasco (con carácter supletorio a otros colectivos señalados), y respeta la autonomía foral, local y universitaria; organiza la gestión con nuevos órganos de coordinación (Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi y refuerzo del Consejo Vasco del Empleo Público), atribuciones del Gobierno Vasco, y órganos técnicos e inspección general para garantizar legalidad y ética. Define tipos de personal, limita la temporalidad mediante reglas y topes para programas y nombramientos temporales, regula el personal directivo público profesional (acceso por mérito y acreditación de competencias, monografías y contrato/nombramiento, evaluación con posible retribución variable), y exige monografías y perfiles (incluido el perfil lingüístico en euskera) para puestos. Establece instrumentos de ordenación: relaciones de puestos de trabajo (RPT), áreas funcionales, análisis de puestos, registro de personal y planes de ordenación del empleo; regula selección y formación (con papel central del IVAP), sistemas selectivos (oposición, concurso‑oposición, concurso), promoción interna y carrera profesional (modelos vertical, horizontal o mixto con grados acreditables), provisión de puestos y movilidad (concursos, libre designación, comisiones de servicio, reasignaciones), y un sistema retributivo articulado en sueldo, complementos, pagas y retribuciones variables vinculadas a objetivos. Además fija derechos, deberes y códigos éticos, incompatibilidades, un régimen disciplinario con faltas y sanciones, medidas de normalización lingüística para fomentar el euskera, y reglas de negociación colectiva con mesas y mecanismos extrajudiciales; incluye disposiciones transitorias y medidas para regularizar situaciones derivadas de sentencias sobre temporales indefinidos y la creación e integración de cuerpos penitenciarios, y habilita desarrollos reglamentarios para su implantación.