Ley 5/2023, de 13 de abril, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana.

NUEVA LEY. MODIFICADA POSTERIORMENTE POR LEY 6/2024 (5 DIC.) Y LEY 5/2025 (30 MAYO). Esta norma crea un marco autonómico integral para afrontar el despoblamiento territorial en la Comunitat Valenciana, diferenciando despoblación (demográfica) y despoblamiento (territorial) y reconociendo su carácter histórico y estructural en las comarcas interiores; parte de datos objetivos (muchos municipios con <1.000 hab., altos índices de envejecimiento y dependencia) y fija como objetivo mejorar la calidad de vida, garantizar igualdad de derechos y servicios básicos, retener y atraer población (especialmente jóvenes y mujeres), diversificar la economía local y reforzar la resiliencia territorial. Establece principios de transversalidad, equidad territorial y discriminación positiva, crea un modelo de gobernanza (Comisión Interdepartamental y órgano competente) que planificará una estrategia plurianual mínima de 10 años con seguimiento y evaluación, y prevé un Fondo de Cooperación Municipal específico para financiar actuaciones; obliga a incorporar la perspectiva del reto demográfico en leyes y planes autonómicos y a elaborar una zonificación anual de municipios en riesgo (un municipio se considera en riesgo si cumple al menos 4 de 6 indicadores: densidad ≤20 hab/km², crecimiento ≤0% en 20 años, saldo vegetativo ≤−10% en 20 años, envejecimiento ≥250%, dependencia ≥60% y tasa migratoria ≤0%, con criterios adicionales para núcleos <300 hab. y categorías prioritarias para <1.000 hab.). La ley regula medidas sectoriales y transversales para garantizar servicios y oportunidades: educación (red rural, transporte, formación docente), FP, sanidad y atención primaria reforzada, servicios sociales y de dependencia adaptados (teleasistencia, atención domiciliaria), justicia próxima (oficinas tecnológicas y orientación jurídica), políticas específicas para juventud y personas mayores, igualdad de género en el medio rural, transporte público sensible a la demanda, vivienda pública y movilización de vivienda vacía, seguridad y emergencias, cultura y deporte, conectividad y cierre de la brecha digital, acceso a servicios bancarios y mediación de efectivo, apoyo a comercio local, turismo sostenible, cadena agroalimentaria, gestión forestal y prevención de incendios, transición energética local, gestión del agua, I+D+i territorial y planificación supramunicipal integrada; incluye instrumentos de apoyo económico (subvenciones con criterios de priorización, contratación pública con cláusulas sociales y ambientales, incentivos fiscales y financiación del Instituto Valenciano de Finanzas), obligaciones presupuestarias (presupuestar créditos específicos y un gasto mínimo en la materia), creación de observatorios y catálogos de datos abiertos, disposiciones transitorias para adaptar normativa y continuidad de fondos y comisiones vigentes, una cláusula de derogación de normas que contradigan la ley, habilitación reglamentaria para su desarrollo y entrada en vigor a los veinte días de su publicación.