Decreto-ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania.

El Decreto‑ley responde a la urgencia creada por la guerra en Ucrania y la crisis energética post‑COVID y establece medidas para proteger a las personas desplazadas, aliviar el impacto socioeconómico y acelerar la transición energética: reconoce y facilita el régimen de protección temporal para personas procedentes de Ucrania, obliga a ofrecer alojamientos temporales y agiliza trámites de atención (documentación, prestaciones y procedimiento de urgencia), simplifica y acelera la tramitación para arrendamientos de inmuebles destinados a acogida y habilita ayudas directas a desplazados, a familias que acojan menores y a entidades de alojamiento colectivo, además de ampliar subvenciones para distribución de alimentos y pobreza energética; permite programas temporales de contratación de personal técnico (hasta 2 años) para gestionar expedientes y autoriza nombramientos de personal interino o laboral para cubrir necesidades urgentes, junto a un régimen excepcional de autorizaciones temporales (máx. 18 meses) para servicios sociales prioritarios y reconocimiento excepcional hasta 31/12/2023 de entidades acreditadas para promoción de la autonomía de niños y mayores; introduce medidas en transporte y movilidad (revisión excepcional de precios en contratos de transporte interurbano de Mallorca en función del gas, derechos de viaje gratuitos para personas protegidas, y bonificaciones portuarias temporales), agiliza y simplifica la gestión de subvenciones con posibilidad de anticipos y justificaciones simplificadas, y crea mecanismos para garantizar el equilibrio económico de contratos públicos (especialmente obras) afectados por la subida de precios de materias primas, incluida la compensación extraordinaria y procedimientos de revisión; impulsa la independencia energética y las renovables (autoproducción, generación distribuida, proyectos de interés autonómico, y procedimientos de utilidad pública y simplificación urbanística/ambiental para instalaciones y redes), adopta medidas tributarias y fiscales temporales (deducciones en IRPF por acogida y por donaciones relacionadas con Ucrania para 2022, tipos reducidos en ITP/AJD para vehículos cero emisiones y ECO, y actualización de límites de base imponible), crea la Comisión Permanente de Selección y Provisión para agilizar procesos selectivos y reducir temporalidad (con plazos transitorios y reglas de funcionamiento), modifica procedimientos sobre grandes establecimientos comerciales, actualiza ayudas y límites presupuestarios (entre ellos aportación a la radiotelevisión pública y actualización de módulos para vivienda protegida), introduce cambios en el régimen de parejas estables (exigir convivencia previa de un año y medidas de protección a víctimas) y exige informe preceptivo de la Intervención General en bases de subvenciones; fija vigencias y límites temporales para muchas medidas (varias hasta 31/12/2023 y otras con efectos retroactivos o aplicables en 2022), organiza la vinculación y codificación de créditos para la emergencia humanitaria (subprograma 232A04) y se dicta por la vía de decreto‑ley dada la urgencia. MODIFICA LEYES EXISTENTES: LEY 4/2009 (SERVICIOS SOCIALES); DECRETO LEGISLATIVO 1/2014 (TEXTO REFUNDIDO DE TRIBUTOS CEDIDOS); LEY 13/2012; LEY 10/2019; LEY 3/2007 (FUNCIÓN PÚBLICA); DECRETO 27/1994 (REGLAMENTO DE INGRESO); DECRETO 33/1994 (PROVISIÓN DE PUESTOS); LEY 4/2021; LEY 1/2022 (EDUCACIÓN); LEY 5/2018 (VIVIENDA); LEY 18/2001 (PAREJAS ESTABLES); DECRETO 112/2002; DECRETO LEGISLATIVO 2/2005 (TEXTO REFUNDIDO DE SUBVENCIONES).