Decreto-ley 9/2021, de 23 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa.

El Decreto‑ley 9/2021, aprobado por la urgencia sanitaria para hacer frente a la COVID‑19, introdujo múltiples medidas: exigía, según el nivel de alerta de cada isla, el certificado COVID digital UE (o documento equivalente) para acceder a locales de mayor riesgo; reforzó el régimen sancionador modificando el Decreto‑ley 11/2020 para tipificar como muy graves y graves el incumplimiento de la comprobación de requisitos de acceso y armonizar la redacción de varios preceptos; garantizó financiación y mecanismos de apoyo a las cámaras de comercio; fijó un importe mínimo anual (1.300.000 €) para la participación institucional de organizaciones empresariales y sindicales; recuperó parámetros urbanísticos que facilitan instalaciones renovables y autoconsumo en cubiertas, aparcamientos y suelo rústico; protegió a titulares y terceros frente a anulaciones de adjudicaciones de oficinas de farmacia estableciendo criterios de prelación; clarificó y limitó las bonificaciones por residencia en el transporte marítimo interinsular (con regímenes especiales para Formentera y topes acumulables); suspendió durante hasta 18 meses determinados preceptos reglamentarios sobre juego a la espera de la reforma de la Ley 8/2014; y habilitó una disposición adicional para un régimen excepcional de declaración responsable, limitado a actuaciones financiables por el Plan de Recuperación, para agilizar programas de rehabilitación residencial (primera anualidad prevista >28,3 M€ y un mínimo de 3.938 viviendas, obras a finalizar antes del 30/06/2026), con requisitos técnicos, plazos, control municipal y sanciones por irregularidades; el Decreto‑ley constaba de siete artículos, una disposición adicional única, una disposición derogatoria y entraba en vigor al día siguiente de su publicación, y fue convalidado por el Parlamento. MODIFICA LAS SIGUIENTES NORMAS: Decreto‑ley 11/2020; Ley 1/2017; Ley 2/2011; Ley 10/2019; Ley 7/1998; Decreto 20/2019; Decretos 41/2017, 42/2017 y 42/2019; y se conecta con la Ley 8/2014 y la Ley 12/2017 en lo relativo al régimen de intervención y a la declaración responsable. ATENCIÓN: POSTERIORMENTE ESTE DECRETO‑LEY FUE DEROGADO POR LA LEY 2/2022, DE 6 DE JUNIO, CON EFECTOS DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2022.