Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos.

MODIFICA LEYES EXISTENTES: Ley 16/2015 (protección ambiental), Ley 2/2011 (turismo), Ley 8/2018 (comercio ambulante), Ley 2/1999 (Patrimonio Histórico y Cultural), Ley 11/2018 (ordenación territorial y suelo rústico/LOTUS), Ley 6/2011 (subvenciones), Ley 13/2015 (Función Pública de Extremadura), Ley 5/2007 (Hacienda Pública), Ley 4/2013 (Gobierno Abierto), Ley 6/2019 (consumo), Ley 10/2019 (Protección Civil), Ley 18/2001 (tasas), Ley 4/2022 (racionalización administrativa), Ley 5/2001 (crédito cooperativo), el Texto Refundido de tributos cedidos (Decreto Legislativo 1/2018) y otras normas y decretos-ley autonómicos citados en el articulado. Esta norma, extensa y transversal, tiene por objeto mejorar la eficacia, transparencia y calidad de la Administración autonómica de Extremadura mediante la simplificación administrativa, el impulso de las TIC y la participación ciudadana, manteniendo medidas urgentes en el contexto de la COVID-19; organiza 51 artículos en 10 capítulos y disposiciones adicionales/transitorias/derogatorias, y entra en vigor al día siguiente de su publicación salvo excepciones fiscales o de aplicación diferida. Regula los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (PREMIA) con unidad y comité de seguimiento, prioridad en tramitación, posibilidad de subvenciones de empleo y un órgano de acompañamiento; adapta y simplifica normas de turismo y comercio ambulante; actualiza y agiliza los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental y revisa la clasificación de actividades sujetas a autorización o comunicación; flexibiliza trámites en patrimonio histórico y arqueología (declaraciones responsables, procedimiento único, plazos más breves) y adapta normativa acústica y urbanística (criterios sobre suelo rústico, límites para evitar nuevo tejido urbano, trámites sustitutivos de licencia para proyectos de interés autonómico y delegación de inspección urbanística a diputaciones). En organización y procedimiento introduce medidas para agilizar Hacienda, tesorería y endeudamiento del sector público, obliga a la presentación telemática de determinados tributos y crea o regula órganos como la Junta Económico‑Administrativa; en personal reforma el Estatuto de la Función Pública (estabilidad de directivos, carrera profesional, servicios de provisión), permite el acceso de personal estatutario sin requisito de nacionalidad en supuestos sanitarios, modifica retribuciones de altos cargos y suprime límites de mandatos para ser elegido presidente de la Junta, y adapta el régimen del CICYTEX (estatuto del personal investigador, incorporación de centros y límites de contratación). En patrimonio y contratación flexibiliza mutaciones y cesiones, adapta la contratación pública socialmente responsable (penalidades, plazos y exigencias de informes previos), impulsa registros y un Registro de Beneficiarios de Subvenciones para simplificar justificantes y declaraciones responsables; en subvenciones permite declaraciones responsables en sustitución de certificaciones en supuestos concretos, regula concesión directa con límites y exige autorización del Consejo de Gobierno para convocatorias de gran cuantía; en servicios públicos y protección civil amplía destinatarios de ayudas a víctimas del terrorismo, obliga a medios de comunicación a difundir avisos de Protección Civil y crea la Secretaría Técnica de Adicciones. En cooperativas y crédito cooperativo revisa órganos de gobierno y finalidades del Fondo de Educación y Promoción (incluye la lucha contra la exclusión financiera) y adapta reglas de cooperativas de crédito; en materia tributaria introduce deducciones y bonificaciones para vivienda (jóvenes, rural), reduce gravámenes sobre determinados juegos (bingo electrónico) y tipos sobre transmisiones vinculadas a unidades económicas y actividades en municipios pequeños, establece reducciones fiscales muy importantes (reducción del 99 %) para transmisiones mortis causa o donaciones de empresas individuales y participaciones bajo condiciones de mantenimiento de actividad y empleo, suprime el impuesto autonómico de eliminación de residuos en vertedero por duplicidad estatal y actualiza tasas (incluida una nueva por participación en procedimientos de acreditación de competencias profesionales). Finalmente, incluye medidas para desarrollar reglamentariamente la ley, plazos de implantación (registro de beneficiarios, modelos de bases reguladoras) y una disposición transitoria que mantiene con la normativa antigua los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor.