Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

NUEVA LEY ORGÁNICA QUE MODIFICA: CÓDIGO PENAL; LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL; LEY ORGÁNICA 1/2004 (VIOLENCIA DE GÉNERO); LEY 35/1995 (AYUDAS A VÍCTIMAS); LEY ORGÁNICA 4/2000 (EXTRANJERÍA); LEY ORGÁNICA 5/2000 (RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES); LEY ORGÁNICA 3/2007 (IGUALDAD); LEY ORGÁNICA 8/1985 (DERECHO A LA EDUCACIÓN); LEY GENERAL DE PUBLICIDAD (34/1988); LEY 38/2003 (GENERAL DE SUBVENCIONES); LEY 20/2007 (ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO); TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (RDL 2/2015); ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (RDL 5/2015); TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RDL 8/2015); LEY 4/2015 (ESTATUTO DE LA VÍCTIMA); LEY ORGÁNICA 14/2015 (CÓDIGO PENAL MILITAR). Esta ley tiene como objetivo proteger de forma integral la libertad sexual y erradicar todas las violencias sexuales: define el consentimiento como requisito esencial, incorpora la sumisión química, amplía la protección a violencias en espacios públicos, privados y digitales (incluida la difusión no consentida de imágenes), y reconoce el feminicidio sexual; garantiza a las víctimas atención inmediata y continuada (médica, psicosocial, jurídica y de vivienda), prestaciones económicas y programas de inserción laboral, así como ayudas específicas financiadas desde Presupuestos y un fondo a crear con bienes decomisados; impone obligaciones de prevención y sensibilización en educación, medios, publicidad, empresas y ámbito digital, exige formación obligatoria a profesionales (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, justicia, forenses, penitenciario), crea unidades y protocolos especializados en policía y justicia, refuerza pruebas forenses y mecanismos de acreditación y protección de datos, establece derechos laborales y de Seguridad Social (traslados, adaptación de jornada, suspensión o extinción con protección y cotización), prioriza acceso a vivienda pública, reconoce derecho a la reparación (indemnización, recuperación y medidas simbólicas) y prevé evaluación, recogida de datos y una Estrategia estatal cuatrienal para coordinar su aplicación entre el Estado, las comunidades autónomas y la sociedad civil.