Decreto-ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, tributario y de control financiero.

NUEVA NORMA: DECRETO‑LEY 46/2020, DICTADO CON CARÁCTER URGENTE POR LA PANDEMIA; NO MODIFICA OTRAS LEYES VIGENTES, SI BIEN EL ARTÍCULO 4 (LA BONIFICACIÓN EN ITP/AJD) FUE POSTERIORMENTE DEROGADO POR LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2024, DE 12 DE MARZO. Este decreto, de entrada en vigor inmediata y formado por tres capítulos, cinco artículos, dos disposiciones adicionales y una final, establece medidas administrativas, tributarias y de control financiero para afrontar la crisis por la COVID‑19: regula un régimen de ayudas extraordinarias que permite un trámite potestativo de inscripción previa (máx. 15 días) mediante declaración responsable que, a la publicación de las bases, funciona como solicitud; posibilita la creación de un registro protegido por la normativa de protección de datos para usar los datos solo en la concesión de ayudas y prevé comprobaciones por muestreo durante hasta dos años tras el pago; simplifica la verificación y justificación de ayudas autorizando la declaración responsable y planes de verificación conforme a la Ley general de subvenciones; suspende, hasta el 30 de junio de 2021, los plazos de caducidad de autorizaciones de emplazamiento y permisos de explotación de máquinas recreativas tipo B y la inscripción de empresas operadoras afectados por las restricciones; introdujo una bonificación en ITP/AJD para concesiones que autorizan ocupación privativa del dominio público (terrazas, puestos desmontables y vehículos tienda) con devengo entre el 1/1/2020 y el 31/12/2021 (posteriormente derogada como se indica arriba); y modifica temporalmente la función interventora autorizando, por motivos de celeridad durante la pandemia, en determinados supuestos el control posterior en lugar del control previo, con una fase previa limitada a la contabilización y verificación formal y una fase posterior de comprobación del ajuste normativo, emisión de opinión, análisis de riesgos y recomendaciones; además obliga a ampliar la verificación de contratos y pagos de emergencia de 2020 (publicación de resultados en el primer trimestre de 2021) y habilita, por hasta cuatro años, la adscripción de personal de otras escalas para ejercer funciones de intervención con la correspondiente regulación retributiva; el decreto fue firmado el 24 de noviembre de 2020, convalidado por el Parlamento y surte efecto al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.