Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

**ES UNA NUEVA NORMA REGLAMENTARIA, NO UNA LEY**, que aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita y desarrolla la **Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita**, sin modificarla; sustituye y deroga el **Real Decreto 996/2003, de 25 de julio**, sus modificaciones y cualquier otra norma de igual o inferior rango incompatible. El Reglamento regula quién puede solicitar justicia gratuita, cómo se tramita y resuelve la solicitud —incluidos los procedimientos penales rápidos y los relacionados con violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores y personas con discapacidad—, la designación y sustitución de abogados y procuradores, los servicios de orientación y guardia, la asistencia pericial, la revocación del derecho por fraude y los recursos contra las resoluciones; permite consultar electrónicamente los datos económicos, fiscales, patrimoniales y sociales del solicitante y su unidad familiar mediante autorización expresa, que debe cumplir el RGPD y la **Ley Orgánica 3/2018**, aunque, si se deniega o revoca, deberán aportarse los documentos acreditativos. También reorganiza las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, crea el Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita para coordinar a las Administraciones, colegios profesionales y demás operadores, establece requisitos de formación y experiencia para abogados y procuradores, garantiza una misma dirección letrada a determinadas víctimas y regula la financiación pública, las indemnizaciones, los módulos económicos, la justificación y el pago mensual de las subvenciones a los colegios profesionales. La norma se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª y 18.ª de la Constitución, faculta al Ministerio de Justicia para desarrollarla y entró en vigor al día siguiente de su publicación; posteriormente, algunos de sus contenidos fueron modificados por el **Real Decreto 586/2022**, la **Orden PJC/281/2025** y el **Real Decreto 824/2026**, que actualizaron, entre otros aspectos, el ámbito de aplicación, los módulos económicos y el régimen de devengo de las indemnizaciones.