Esta Ley crea un marco único y actualizado para la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía con prioridad por la sostenibilidad social, ambiental y económica, la ciudad compacta, la adaptación al cambio climático y la economía circular; simplifica la clasificación del suelo a suelo urbano y suelo rústico (con subcategorías de protección), unifica y aclara instrumentos (Plan General como modelo municipal y Plan de Ordenación Urbana para la ordenación detallada), acelera procedimientos y da mayor seguridad jurídica (plazos máximos y mecanismos como el silencio positivo), refuerza la autonomía municipal respetando competencias supralocales, fomenta la participación ciudadana y la cooperación entre Administraciones y facilita la colaboración público‑privada mediante convenios y entidades instrumentales; regula derechos y deberes de la propiedad (conservación, obligación de urbanizar, cesiones para vivienda protegida), introduce sistemas de gestión y ejecución (compensación, cooperación, expropiación, Juntas de Compensación, entidades de urbanización y agentes urbanizadores), prevé instrumentos para integrar o adecuar edificaciones irregulares (Planes Especiales y posibilidad de incorporación al planeamiento) y establece control público reforzado (inspección, Cuerpo de Subinspección, régimen sancionador con multas graduadas y medidas de restablecimiento de la legalidad); además crea patrimonios públicos de suelo para garantizar suelo y vivienda de interés social, exige un sistema público de información territorial interoperable, armoniza la evaluación ambiental estratégica y fija reglas transitorias para adaptar los planeamientos vigentes. NUEVA LEY QUE DEROGA Y SUSTITUYE, ENTRE OTRAS, LA LEY 1/1994 Y LA LEY 7/2002 (Y NORMAS RELACIONADAS COMO DECRETO‑LEY 5/2012, DECRETO 150/2003, DECRETO 11/2008), Y QUE MODIFICA DETERMINADOS PRECEPTOS DE OTRAS NORMAS AUTONÓMICAS COMO LA LEY 4/2005, LA LEY 9/2010 (AGUAS), LA LEY 7/2007 (EVALUACIÓN AMBIENTAL) Y LA LEY 16/2011 (SALUD PÚBLICA).
BOE-A-2021-20916