**ES UN NUEVO DECRETO-LEY, QUE MODIFICA LAS SIGUIENTES NORMAS EXISTENTES: LA LEY 16/2017, DE CAMBIO CLIMÁTICO; EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO DE CATALUÑA; LA NORMATIVA CATALANA DE AGUAS; Y LA LEY 20/2009, DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES; ADEMÁS, DEROGA EL DECRETO 174/2002, EL DECRETO 147/2009 Y EL ARTÍCULO 33.3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE URBANISMO.** La norma establece medidas urgentes para combatir la emergencia climática, acelerar la reducción de emisiones y alcanzar un sistema energético basado íntegramente en energías renovables en 2050, con objetivos intermedios para 2030, priorizando la generación cercana al consumo, la participación ciudadana y la justicia social. Refuerza la planificación climática y energética, incorpora el análisis de la vulnerabilidad climática en las evaluaciones ambientales, limita la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica, prohíbe nuevas instalaciones industriales que utilicen carbón o coque de petróleo y fomenta la electrificación del transporte y de los puertos. También facilita la instalación de paneles solares, sistemas de eficiencia energética, redes de servicios técnicos y proyectos de energías renovables en edificios y suelo no urbanizable, y simplifica y coordina los procedimientos de autorización, evaluación ambiental y aprobación urbanística de parques eólicos y plantas solares, incluidos los sistemas de almacenamiento. Estos proyectos deben respetar el territorio, el paisaje, la biodiversidad, el patrimonio y los suelos agrarios, mantener distancias respecto de los núcleos urbanos, proteger la avifauna y promover la aceptación social; los de mayor tamaño deben presentar el proyecto públicamente y ofrecer al menos un 20 % de participación económica a personas y entidades locales, salvo determinadas excepciones. Se establecen procedimientos urgentes para instalaciones pequeñas o situadas en espacios artificializados, garantías económicas para desmantelar las instalaciones y restaurar los terrenos, reglas para su transmisión, modificación, repotenciación y caducidad, y un registro y régimen específico para las comunidades energéticas. Asimismo, se atribuyen a la Administración catalana funciones de control y reparación de daños en cuencas compartidas durante inundaciones y otros fenómenos extremos, se refuerza el apoyo territorial a la transición energética y se prevén modificaciones posteriores de algunos preceptos por los decretos-leyes 24/2021, 12/2025 y 22/2025 y por la Ley 3/2023.
BOE-A-2020-445