Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

NO ES UNA NUEVA LEY: ES UN REAL DECRETO-LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y LA NORMATIVA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de alquiler, proteger a los inquilinos y a los hogares vulnerables y aumentar la oferta; para ello, amplía la duración mínima obligatoria de los contratos a cinco años, o siete si el propietario es una empresa, permite prórrogas anuales de hasta tres años, limita a dos mensualidades las garantías adicionales, obliga a las empresas arrendadoras a pagar los gastos de gestión y formalización, regula la actualización de la renta y la recuperación de la vivienda por necesidad, refuerza los derechos de subrogación y adquisición preferente, establece sistemas estatales y autonómicos de índices de precios y promueve la vivienda asequible; además, eleva al 10 % el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, facilita las obras de accesibilidad para personas con discapacidad y mayores, y permite limitar las viviendas de uso turístico con el voto favorable de tres quintas partes; modifica el procedimiento de desahucio para fijar fechas concretas, informar y comunicar los casos a los servicios sociales y suspender temporalmente el lanzamiento cuando exista vulnerabilidad; introduce medidas fiscales, como bonificaciones de hasta el 95 % del IBI para viviendas protegidas o de alquiler limitado, recargos sobre viviendas permanentemente vacías y la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para determinados alquileres de vivienda habitual, y amplía las inversiones financieramente sostenibles de las entidades locales en materia de vivienda; los contratos anteriores a su entrada en vigor mantienen el régimen aplicable en ese momento, aunque pueden adaptarse por acuerdo, la norma entró en vigor al día siguiente de su publicación por razones de extraordinaria y urgente necesidad, y las disposiciones adicionales primera y tercera fueron posteriormente declaradas inconstitucionales y nulas por la Sentencia 14/2020.