Se trata de una NUEVA LEY que establece un marco regulatorio para las entidades de pago en España, siguiendo la Directiva 2007/64/CE y la PSD2, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia en los servicios de pago. Se deroga el Real Decreto 712/2010 y se modifican leyes existentes como el Real Decreto-ley 19/2018 y el Real Decreto 778/2012, introduciendo nuevos requisitos de autorización, registro y supervisión para estas entidades. La ley detalla procedimientos de autorización por el Banco de España, requisitos para la protección de fondos de usuarios, condiciones de funcionamiento en el contexto transfronterizo, así como obligaciones sobre información y transparencia. Además, establece un régimen sancionador para infracciones, garantizando la protección de los derechos de los usuarios y la correcta supervisión de las entidades de pago y de dinero electrónico.
BOE-A-2019-18425