Se trata de una NUEVA LEY, un real decreto-ley que establece medidas de ciberseguridad y adaptación del marco normativo a las nuevas tecnologías en las administraciones públicas, regulando aspectos como la identificación electrónica y la protección de datos. Modifica las siguientes leyes: 1) Ley Orgánica 4/2015 sobre protección de la seguridad ciudadana, 2) Ley 59/2003 de firma electrónica, 3) Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, 4) Ley 40/2015, y 5) Ley 9/2014 de telecomunicaciones. El decreto busca reforzar la seguridad pública, proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar la localización de datos en la EU, estableciendo requisitos para la identificación, contratación pública y coordinación en la seguridad digital. Las administraciones deben informar sobre las nuevas regulaciones en un plazo determinado desde su entrada en vigor.
BOE-A-2019-15790