Decreto-ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

MODIFICA LEYES EXISTENTES: Ley 4/2010; Ley 12/2017; Ley 38/1999; Ley 7/2013; Ley 12/1998; Ley 5/1990; Decreto‑ley 3/2014 (y, a su vez, este decreto‑ley fue objeto de modificaciones posteriores por Ley 7/2022, Decreto‑ley 3/2024, Ley 7/2024, Decreto‑ley 3/2025 y Ley 4/2025) y HA SIDO DEROGADO por el Decreto‑ley 8/2025 (efectos desde 7 de diciembre de 2025). El decreto‑ley, publicado y firmado en Palma el 19 de enero de 2018, perseguía con carácter extraordinario y urgente agilizar y simplificar la ejecución de obras e inversiones públicas destinadas a equipamientos de uso educativo, de investigación, sanitarios y sociales en las Islas Baleares (aplicable también a consejos insulares), facilitando la obtención de terrenos públicos, autorizando cambios de uso específicos sin alterar parámetros urbanísticos, estableciendo trámites abreviados (comunicaciones previas con informe municipal en 15 días y licencias con resolución en 45 días o silencio positivo), y creando la figura de inversión de interés autonómico que califica automáticamente el suelo como sistema general y activa determinaciones urbanísticas inmediatas y plazos para presentar proyectos e iniciar obras; además regulaba casos concretos como Son Espases, declaraba mataderos como servicio esencial y servicio de interés económico general (SIEG), autorizaba intervenciones en conjuntos históricos y excepciones por reserva viaria, exigía documentación y evaluación ambiental cuando procediera, atribuía competencias de autorización al Consejo de Gobierno o a ayuntamientos de Palma e Ibiza según capitalidad, y prevía que, una vez finalizadas, las obras se regularizarían en el planeamiento municipal en la siguiente revisión, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.