Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

Esta ley autonómica crea un marco jurídico para combatir el cambio climático y ordenar la transición hacia un modelo energético renovable, justo y descentralizado en Andalucía mediante objetivos, planes y obligaciones claros: fija principios como la responsabilidad ambiental, la precaución, la transición justa y la participación pública; crea la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, la Oficina Andaluza de Cambio Climático, la Red de Observatorios y el Consejo Andaluz del Clima; establece el Plan Andaluz de Acción por el Clima (con los programas obligatorios de mitigación, adaptación y comunicación), obliga a los municipios a aprobar planes locales, y define instrumentos de planificación y conocimiento (Escenarios Climáticos, Inventario Andaluz de Emisiones, Red de Observatorios); marca objetivos cuantificados (entre ellos una reducción mínima del 18% de las emisiones difusas por habitante respecto a 2005 para 2030), medidas sectoriales (energía, transporte, industria, agricultura, edificación, residuos, usos del suelo, turismo), proyectos de absorción y la figura del Municipio de Baja Emisión de Carbono; crea registros y sistemas: Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (modalidad de reducción y de seguimiento/notificación), Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones y registros voluntarios de huella hídrica y de huella de carbono de productos/servicios; exige criterios climáticos en contratación pública y en presupuestos, prevé seguimiento, verificación, inspección y un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves; fija plazos para aprobar el Plan, los planes municipales y los reglamentos necesarios, y prevé entrada en vigor escalonada (tres meses, con aplicabilidad del SAER ligada al desarrollo reglamentario). NUEVA LEY QUE MODIFICA: Ley 7/2007 (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), Ley 1/1994 (Ordenación del Territorio de Andalucía, anexo II), Ley 2/1989 (art. 11.2) y Ley 9/2010 (Aguas de Andalucía), además de introducir adecuaciones en otras normas autonómicas relacionadas con medio ambiente, espacios naturales y ordenación del territorio.