Resumen de norma

BOE-A-2017-9799

Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía.

**ES UNA NUEVA LEY Y MODIFICA LA LEY 13/2006, DE 27 DE JULIO, DE PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER ECONÓMICO, Y DEROGA, CON LAS EXCEPCIONES TRANSITORIAS PREVISTAS, LA LEY 10/1997, DE 3 DE JULIO, SOBRE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN; POSTERIORMENTE, ALGUNOS DE SUS PRECEPTOS FUERON MODIFICADOS POR LA LEY 1/2020 Y POR EL DECRETO-LEY 28/2020, CUYAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS AFECTADAS QUEDARON SIN EFECTO TRAS SU DEROGACIÓN.** La Ley 14/2017, de 20 de julio, crea la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña para asegurar unos ingresos mínimos y una vida digna a personas y familias sin recursos suficientes, favorecer su autonomía e inclusión social y facilitar su incorporación al empleo; la prestación es un derecho subjetivo, periódico, subsidiario y, en general, compatible con determinados ingresos laborales, y comprende una ayuda económica garantizada y otra complementaria de activación e inserción vinculada a un plan individual de inclusión social o laboral. Pueden solicitarla, con carácter general, las personas mayores de 23 años —o mayores de 18 en situaciones especiales— empadronadas y residentes legalmente en Cataluña durante los 24 meses anteriores, que carezcan de recursos suficientes y cumplan los demás requisitos económicos y personales, con especial protección para familias, menores, víctimas de violencia machista, personas sin hogar y refugiadas; se computan los ingresos y el patrimonio de la unidad familiar, salvo la vivienda habitual y determinados recursos excluidos legalmente. La cuantía depende del número de miembros y del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, se abona en doce mensualidades y está exenta de tributación; la prestación puede modificarse, suspenderse o extinguirse si cambian las circunstancias, se incumplen las obligaciones, se ocultan datos o se perciben indebidamente cantidades, que deberán reintegrarse. Las personas beneficiarias deben comunicar cambios, solicitar otras ayudas, colaborar con la Administración, mantener la residencia y, cuando proceda, inscribirse como demandantes de empleo y cumplir el plan de inclusión o inserción; la Generalidad financia, gestiona y resuelve la prestación, con la colaboración de las administraciones locales y entidades sociales, mediante procedimientos sujetos a comprobación de datos, confidencialidad, plazos de resolución y recursos administrativos. La ley establece un régimen transitorio para sustituir la renta mínima de inserción, implanta progresivamente las cuantías y la compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial, prevé prestaciones complementarias para determinadas pensiones y ayudas estatales, regula la evaluación y coordinación del sistema y entra en vigor el 15 de septiembre de 2017, incorporando las correcciones de erratas publicadas en el DOGC núm. 7429, de 8 de agosto de 2017, núm. 7451, de 8 de septiembre de 2017, y núm. 7488, de 6 de noviembre de 2017.

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