Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

NUEVA LEY. Esta norma autonómica regula la transparencia pública en Castilla‑La Mancha, estableciendo obligaciones de publicidad activa y un derecho de acceso único y ágil a la información pública, principios de buen gobierno y gobierno abierto, obligaciones de buen funcionamiento y servicio al ciudadano (cartas de servicio), obligación de publicar agendas de altos cargos, retribuciones, contratos, subvenciones, cuentas bancarias abiertas y mucha información económica, patrimonial, urbanística y ambiental en un Portal de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables; precisa los sujetos obligados (Administración regional y sector público, UCLM, entidades financiadas o contratadas —con umbrales de 60.000 € para ayudas y 100.000 € para contratos—, partidos, sindicatos y organizaciones empresariales), impone unidades de transparencia en cada órgano, crea una Oficina de Transparencia, una Comisión Interdepartamental y un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno independiente con funciones de instrucción, resolución de reclamaciones e interpretación, regula la reutilización de datos según la Ley 37/2007, obliga a aportar información por contratistas y beneficiarios (con multas coercitivas periódicas hasta el 5 % del contrato/subvención o importes mínimos), crea un Registro de Grupos de Interés con código de conducta, tipifica infracciones (leves, graves y muy graves) y sanciones administrativas y disciplinarias (multas, publicación de incumplimientos, pérdida de indemnizaciones, cese y prohibición de cargos), fija procedimientos, plazos transitorios y entrada en vigor (un mes tras su publicación) y deroga las normas autonómicas incompatibles; además prevé formación, evaluación, participación ciudadana y mecanismos de colaboración interadministrativa para garantizar cumplimiento y reutilización. DESARROLLA Y ADAPTA LA NORMATIVA ESTATAL, EN PARTICULAR LA LEY 19/2013 (TRANSPARENCIA) Y LA LEY 37/2007 (REUTILIZACIÓN), Y SE RELACIONA CON LA LEY 39/2015, LA LEY 58/2003, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE HACIENDA DE CLM (DECRETO LEGISLATIVO 1/2002); deroga normas autonómicas incompatibles.