Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Este real decreto, DEROGADO CON EFECTOS DESDE EL 13 DE JUNIO DE 2024 POR EL REAL DECRETO 534/2024, DE 11 DE JUNIO (ATENDER A SU DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Y DISPOSICIÓN FINAL CUARTA), DESARROLLABA LAS EVALUACIONES FINALES INDIVIDUALIZADAS DE ETAPA DE LA ESO Y DE BACHILLERATO PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2006; NO ES UNA NUEVA LEY SINO UN DESARROLLO NORMATIVO DE LEYES PREEXISTENTES: LEY ORGÁNICA 2/2006 (MODIFICADA POR LA LO 8/2013), REAL DECRETO 1105/2014 (CURRÍCULO BÁSICO) Y CON REFERENCIAS AL RD 412/2014. En lenguaje claro, la norma definía el objeto (evaluar competencias y estándares al terminar 4.º de ESO y Bachillerato), las responsabilidades (el Ministerio, a través del INEE y una comisión central con grupos técnicos, fijaba criterios comunes y la orden ministerial anual; las administraciones educativas organizaban, aplicaban, nombraban tribunales externos y custodiaban las pruebas), el contenido y diseño de las pruebas (por materia, unidades contextualizadas, máximo 15 ítems, al menos 50% preguntas abiertas/semiabiertas, formato papel o digital, duraciones y descansos establecidos), las convocatorias (dos al año, ordinaria y extraordinaria, con posibilidad de recuperación y de presentarse para mejorar nota), los efectos académicos (superar la prueba con nota ≥5 es requisito para obtener el título de Graduado en ESO o de Bachiller; cálculo de la nota final: ESO 70% expediente + 30% evaluación; Bachillerato 60% expediente + 40% evaluación), las garantías (igualdad de oportunidades, no discriminación, adaptaciones para necesidades educativas, anonimato en la corrección, participación e información a familias, protección de datos y publicación de resultados agregados), la organización de tribunales y procedimientos de revisión (solicitud en 3 días hábiles, segunda corrección por funcionario distinto, tercera corrección si la diferencia ≥2 puntos, resolución en 5 días hábiles y derecho a ver la prueba), reglas para educación de personas adultas y programas internacionales, y disposiciones transitorias y finales para la implantación (incluyendo medidas específicas para el curso 2016/17); cabe señalar que determinados incisos sobre la orden ministerial anual y algunos cuestionarios fueron declarados inconstitucionales por la STC 114/2019 (16‑10‑2019) y que, tras su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, el texto quedó finalmente derogado por el RD 534/2024, cuyos efectos y transitoriedad deben consultarse.