Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

MODIFICA LEYES EXISTENTES: Ley 6/1997 (organismos autónomos), Ley 47/2003 (Ley General Presupuestaria), Ley 33/2003 (Patrimonio), Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLeg. 3/2011), Ley 11/2007 (acceso electrónico), Ley 30/1992 (procedimiento administrativo), Ley 58/2003 (Ley General Tributaria), Ley 10/1990 (Deporte), Ley 7/1988 (Tribunal de Cuentas), Ley 7/2007 (Estatuto Básico del Empleado Público), Ley Orgánica de Universidades, Ley 16/1983 (Instituto de la Mujer), Ley 38/2003 (Subvenciones), Ley 19/2013 (Transparencia) y otras normas conexas. Esta norma de racionalización y sostenibilidad busca hacer la Administración más eficiente y económica: integra y suprime entidades innecesarias (por ejemplo, el Servicio Militar de Construcciones pasa al INVIED; CEHIPAR, La Marañosa y el Laboratorio “General Marvá” se integran en el INTA; Fundación ANECA se convierte en organismo público; Universidad.es se integra en el nuevo SEPIE; ramas de España Expansión Exterior pasan a ICEX; se extinguen o liquidan consorcios y la Obra Asistencial Familiar de Sevilla), centra y reorganiza funciones (concentración de evaluación universitaria en ANECA; supresión del Consejo de la Juventud como organismo público y conversión a entidad privada de base asociativa; trasvase de la Dirección General para la Igualdad al Instituto de la Mujer), crea órganos integradores y simplifica órganos colegiados y observatorios (nuevo Observatorio de Salud; Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones), impulsa la administración electrónica y la simplificación (licencia deportiva única válida en todo el territorio; unificación de certificados electrónicos reconocidos; creación del Tablón Edictal Único en el BOE y ampliación de encomiendas a la FNMT en servicios electrónicos), centraliza y mejora controles (centralización de la contratación bancaria y Registro único de Vehículos del Sector Público Estatal; posibilidad de secciones territoriales del Tribunal de Cuentas y obligación de informar al Tribunal sobre normas que afecten a su régimen), regula contratación y eficiencia energética (transposición del artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE para exigir alta eficiencia en compras públicas por encima de umbrales comunitarios), refuerza transparencia y bases de datos (creación y obligaciones de suministro a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y nuevas reglas de publicidad), modifica el régimen de personal público y la movilidad (cambios en el EBEP y en la Carrera Militar para facilitar servicios en la Administración civil y movilidad del personal, con condicionamientos «a extinguir» para personal de fundaciones), introduce nuevas reglas de notificación (uso del BOE para notificaciones por edicto y cambios en la Ley General Tributaria y catastral) y establece transitorias y límites para que las medidas no impliquen aumento neto de gasto o de plantilla; en conjunto, la ley organiza integraciones, suprime duplicidades, centraliza procedimientos y actualiza controles para ahorrar costes y modernizar la gestión pública.