NUEVA LEY FORAL (MODIFICA: Ley Foral General Tributaria de Navarra; Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades; Decreto Foral Legislativo 4/2008, Texto Refundido del IRPF; Ley Foral 13/2000; Ley Foral 10/1996, régimen de fundaciones; DEROGA el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra; además afecta a medidas vinculadas a la Ley Foral 21/2012 y Ley Foral 38/2013). Se trata de una norma para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que mejora la gestión, inspección, recaudación y la coordinación con la jurisdicción penal; crea instrumentos preventivos y cautelares, amplía responsabilidades y endurece controles. Entre las medidas clave: responsabilidad subsidiaria de administradores que reiteradamente presenten autoliquidaciones sin ingresar los importes y sin intención real de pago; mayor responsabilidad de socios tras disoluciones y transmisión de obligaciones en fusiones, escisiones o cesiones globales; reglas claras sobre cómputo, interrupción y extensión de la prescripción a responsables solidarios; nuevas medidas cautelares (prohibición de enajenar o gravar bienes, retención porcentual de pagos entre empresas, posibilidad de imponer cautelares aun con proceso penal, previa notificación al órgano judicial) y ampliación de los embargos (fondos y valores en entidades, bienes depositados en sucursales y posibilidad de prohibir disponer inmuebles de sociedades controladas por el deudor). Se establecen presunciones firmes de incremento no justificado del patrimonio por bienes situados en el extranjero no declarados (IRPF y Sociedades), obligación ampliada de informar sobre bienes muebles y derechos en el extranjero y sanciones específicas por incumplimiento. La Administración puede posponer devoluciones e intereses si el contribuyente no está al corriente; las deudas tributarias calificadas como créditos contra la masa en concurso no serán aplazables; se refuerza la capacidad de investigación patrimonial de la Hacienda foral bajo supervisión judicial; se fijan mayores sanciones y mínimos, posibilidad de suspensión de ejecución de sanciones por recurso, plazos y garantías para cesar medidas cautelares, y reglas contables e informativas reforzadas para fundaciones. Además crea una Comisión permanente de seguimiento del fraude, obliga al Gobierno a aprobar planes y programas (incluido un plan cuatrienal, oferta de empleo público para reforzar la plantilla y una estrategia educativa y comunicativa) y exige mayoría absoluta del Parlamento para aprobar medidas que reduzcan sustancialmente la carga fiscal; la Ley contiene disposiciones transitorias sobre efectos desde 2013 en determinadas materias y entra en vigor según se dispone en su texto.
BOE-A-2013-5623