Ley 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

NUEVA LEY QUE MODIFICA Y DEROGA VARIAS NORMAS: deroga expresamente la Ley de Cantabria 6/1992 (Consejo Económico y Social), la Ley de Cantabria 3/1997 (Consejo de la Mujer) y la Ley de Cantabria 4/2001 (Consejo de la Juventud) y introduce cambios en normas como la Ley de Cantabria 2/2007 (Derechos y Servicios Sociales), la Ley de Cantabria 2/2002 (saneamiento y depuración de aguas), la Ley de Cantabria 9/1992 (tasas de residuos), la Ley de Cantabria 4/2008 (Agencia Cántabra de la Administración Tributaria), la Ley de Cantabria 14/2006 (Finanzas de Cantabria), la Ley de Cantabria 4/2002 (cajas/procedimientos), la Ley de Cantabria 5/1987 (composición del Parlamento) y la Ley de Cantabria 4/1993 (Función Pública), entre otras disposiciones afectadas. Esta Ley articula un paquete de medidas para reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad fiscal que combina reducción de gasto y aumento de ingresos: recorta y ordena condiciones del personal público (limitación de derechos sindicales al mínimo legal, prorrateo de retribuciones en jornadas reducidas, prohibición general de prolongar la actividad más allá de la edad de jubilación, suspensión de la convocatoria obligatoria de ciertos concursos y redistribución/centralización de puestos), amplía y clarifica requisitos y obligaciones de la Renta Social Básica (condiciones de residencia, unidad perceptora, obligaciones del beneficiario, límites temporales y procedimientos de reintegro) e incluye una tasa por revisar valoraciones de dependencia; en sanidad aumenta temporalmente la jornada ordinaria y permite imputar gastos a terceros cuando el usuario no facilite datos; en educación suprime ciertas sustituciones para docentes mayores de 55 años y adapta ratios; impone medidas fiscales y de precios públicos (tipo autonómico en el impuesto sobre hidrocarburos y devolución parcial para gasóleo profesional, incremento del canon de saneamiento y de la tasa de tratamiento de residuos, creación de una tasa por revisión de dependencia), fija topes salariales para el sector público empresarial y fundacional y limita la contratación en sociedades y fundaciones públicas; reorganiza órganos consultivos y suprime consejos, crea comisiones consultivas más ligeras, obliga a adaptaciones presupuestarias y autoriza operaciones de crédito vinculadas al mecanismo de pago a proveedores, y establece entrada en vigor inmediata salvo excepciones y revisión de las medidas cuando mejore la situación fiscal.