Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

El Real Decreto aprueba un nuevo Reglamento que adapta la normativa española de obligaciones de facturación a la Directiva 2010/45/UE (13-7-2010) con el fin de simplificar cargas administrativas, garantizar igualdad de trato entre factura en papel y electrónica y dar seguridad jurídica: establece la obligación general de expedir y conservar facturas y justificantes, define dos tipos armonizados de factura (completa/ordinaria y factura simplificada, con límite general de 400 € IVA incluido y ampliación hasta 3.000 € en determinados sectores), regula la facturación electrónica (igual trato que la papel, definición, obligación en determinados supuestos y requisitos técnicos), admite que la autenticidad e integridad se garanticen mediante los controles de gestión habituales y reconoce expresamente EDI y la firma electrónica avanzada, fija plazos armonizados de emisión (incluidas operaciones intracomunitarias y facturas recapitulativas), regula facturas rectificativas, facturas recapitulativas, remisión, conservación (incluida conservación electrónica con accesibilidad para la AEAT) y regímenes especiales (agencias de viajes, bienes usados, régimen de agricultura, recargo de equivalencia, facturación de energía, SAREB como entidad de crédito, etc.), establece regímenes transitorios (mantenimiento temporal de autorizaciones concedidas conforme al Real Decreto 2402/1985 y de las tablas de devolución aplicables a entidades colaboradoras en la devolución del IVA a viajeros hasta que el Ministro fije nuevas condiciones), faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para desarrollar su aplicación y dispone su entrada en vigor el 1 de enero de 2013. DEROGA Y MODIFICA NORMAS EXISTENTES: DEROGA EXPRESAMENTE EL REAL DECRETO 1496/2003 (Reglamento anterior de obligaciones de facturación); mantiene y regula transitoriamente autorizaciones ligadas al REAL DECRETO 2402/1985; incorpora y traslada la Directiva 2010/45/UE al ordenamiento español y adapta referencias a normas relacionadas (entre otras, la Ley 37/1992 del IVA y disposiciones reglamentarias como RD 1777/2004 y RD 439/2007 en lo relativo a medios de justificación).