NUEVA LEY: SUSTITUYE Y DEROGA LA NORMATIVA TURÍSTICA ANTERIOR, PRINCIPALMENTE LA LEY 2/1999 Y LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA; ADEMÁS DEROGA, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES, LA LEY 2/2005 Y DETERMINADOS DECRETOS (P. EJ. DECRETOS 54/1995 Y 42/1997) Y PREVÉ LA ADAPTACIÓN DEL DECRETO 20/2011 (ASÍ COMO AJUSTES EN DECRETO 20/2015). Esta norma ordena, planifica, fomenta y controla el turismo en las Illes Balears para modernizar la planta turística, recuperar la competitividad y promover un modelo sostenible y desestacionalizado; incorpora las orientaciones de la UE y facilita la inversión mediante simplificación administrativa (oficinas únicas insulares y la declaración responsable para iniciar actividades). Define objetivos estratégicos (calidad, innovación, diversificación, sostenibilidad), estructura la administración turística (consejerías, consejos insulares, Mesa municipal, Comisiones de coordinación) y obliga a Plan Integral autonómico y planes insulares/municipales (PIAT) para fijar zonas aptas, techos y criterios de ordenación. Regula empresas y actividades: flexibiliza clases y formas de explotación de alojamientos, mantiene principios de uso exclusivo y unidad de explotación con matices para usos compatibles, introduce modalidades nuevas (coparticipado/compartido, empresas turístico‑residenciales), permite coexistencia y explotación conjunta de establecimientos, incorpora albergues, refugios y hospederías, adapta el turismo rural y regula la comercialización de estancias en viviendas con requisitos, bolsas de plazas y reglas sobre bajas y reaperturas. En restauración e intermediación hay mayor flexibilidad, obligaciones de garantía y transparencia para agencias y plataformas; la ley impulsa marcas insulares, promoción planificada, medidas para la rehabilitación y reconversión de zonas maduras y mecanismos para atraer inversión. Refuerza la inspección, tipifica infracciones y sanciones (con medidas cautelares, multas coercitivas y registro de sanciones) y establece colaboración entre administraciones para combatir la oferta ilegal. En conjunto, pretende un marco más flexible y coordinado que facilite inversiones, mejore calidad y sostenibilidad, proteja a usuarios y combata la economía sumergida, con cambios reglamentarios y transitorios que deberán desarrollarse por la administración.
BOE-A-2012-10610