Esta Ley organiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla‑La Mancha como un derecho de la ciudadanía, definiendo principios de universalidad, equidad, accesibilidad, calidad y participación; atribuye a las administraciones públicas la responsabilidad de garantizarlo y regula la colaboración de entidades privadas bajo autorización, registro, inspección y control; integra el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en el catálogo de prestaciones; establece la organización territorial (municipio como unidad básica y un Mapa de Servicios Sociales) y dos niveles de atención (primaria y especializada) con protocolos de urgencia; crea un Catálogo de prestaciones que distingue derechos subjetivos exigibles de prestaciones condicionadas a requisitos y presupuesto, incluye nuevas prestaciones como una RENTA BÁSICA regional y prestaciones técnicas, económicas y tecnológicas; fija instrumentos y procedimientos comunes (historia social única, Plan de Atención Social, profesional de referencia, tarjeta social y sistema informático interoperable); regula la coordinación socio‑sanitaria, la calidad (plan de calidad, evaluación), la formación y la investigación (Instituto regional y Observatorio), la planificación estratégica y local con participación ciudadana (Consejo Asesor) y la financiación pública garantizada por la Comunidad Autónoma con participación económica de las personas usuarias según su capacidad; además establece régimen de autorización, acreditación, registro, inspección y sanciones, y contiene disposiciones de vigencia y desarrollo reglamentario en sus 92 artículos. NUEVA LEY: DEROGA LAS SIGUIENTES NORMAS AUTONÓMICAS DE CASTILLA‑LA‑MANCHA: Ley 3/1986 (Servicios Sociales), Ley 3/1994 (Protección de usuarios de entidades, centros y servicios sociales) y Ley 5/1995 (Solidaridad).
BOE-A-2011-2752