NUEVA LEY (LEY 18/2007, DEL DERECHO A LA VIVIENDA) QUE DEROGA LA LEY 24/1991: garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada y pone al sector público como protagonista para crear un parque suficiente de vivienda asequible; fija un objetivo cuantitativo (alcanzar en 20 años un mínimo del 15 % del parque destinado a políticas sociales en ámbitos de fuerte demanda) y obliga a planificar (Plan territorial sectorial, planes locales y programas supralocales) para asegurar suelo, reservas y cupos de vivienda protegida, evitar la pérdida de suelo destinado a VPO y delimitar áreas con derechos de tanteo y retracto municipales. Regula la calidad, accesibilidad y sostenibilidad de las viviendas (cédula de habitabilidad, libro del edificio, control de ITE y distintivos), obliga a la conservación y rehabilitación (medidas de fomento, convenios, ejecución subsidiaria y, en casos graves y tras trámites, expropiación), y crea instrumentos contra usos anómalos (viviendas vacías, sobreocupación, infravivienda, ocupaciones sin título y turistización). Protege a consumidores y evita la discriminación (medidas de acción positiva, inversión de la carga probatoria en casos fundados, transparencia y regulación de agentes inmobiliarios con registro y visados), refuerza la información precontractual en venta y alquiler, y regula el régimen de vivienda de protección oficial (VPO: modalidades, calificación mínima de larga duración, precios y rentas máximos, prohibición de sobreprecios, visado y control de transmisiones). Crea el Registro de Solicitantes de VPO, sistemas de adjudicación con cupos especiales para colectivos vulnerables, mecanismos de realojo e inserción social, ayudas al pago del alquiler y mediación para captar vivienda privada, observatorio y fondos de solidaridad urbana. Establece inspección, medidas cautelares, un régimen sancionador (infracciones leves, graves y muy graves con multas e inhabilitaciones) y colaboración con notarios y registradores. HA SIDO MODIFICADA POSTERIORMENTE POR DIVERSAS DISPOSICIONES (entre otras: LEY 9/2011; LEY 5/2012; LEY 4/2016; LEY 1/2022; LEY 2/2021; LEY 11/2025, y decretos‑ley 5/2019, 17/2019, 50/2020, 6/2024 y 2/2025), que han introducido o matizado muchas de las medidas citadas.
BOE-A-2008-3657