**NUEVA LEY: LEY 14/2008**, que crea la Oficina Antifraude de Cataluña como entidad pública independiente, con personalidad jurídica propia y adscrita al Parlamento, para prevenir e investigar el fraude, la corrupción, el uso irregular de fondos públicos, los conflictos de intereses y otras conductas contrarias a la legalidad, además de promover la transparencia, la ética, la formación y la participación ciudadana; su ámbito incluye la Administración de la Generalidad, entidades locales, universidades públicas, organismos, empresas, fundaciones y consorcios del sector público catalán, así como, en determinados casos, contratistas, concesionarios y beneficiarios de subvenciones, respetando la autonomía local y universitaria y sin asumir funciones judiciales, fiscales ni policiales. La Oficina puede investigar, inspeccionar, solicitar documentos e información, recibir denuncias confidenciales, proponer medidas cautelares y comunicar posibles infracciones a las autoridades competentes, siempre con respeto a los derechos ciudadanos, la proporcionalidad, la confidencialidad y el secreto; las administraciones y particulares incluidos en su ámbito deben colaborar con ella. La dirige una persona elegida por el Parlamento por seis años, no renovables, con independencia e incompatibilidades específicas, asistida, en su caso, por una dirección adjunta, y la institución debe rendir cuentas mediante una memoria anual pública, contar con presupuesto y personal propios y cooperar con otros órganos de control e instituciones nacionales e internacionales. **MODIFICA LA LEY 13/2005**, cuyo artículo 14.5.d reconoce el acceso de la dirección de la Oficina Antifraude, junto con el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo, al Registro de Bienes Patrimoniales y de Intereses; además, la regulación de la memoria anual fue modificada posteriormente por la **LEY 5/2017**. La Ley 14/2008 entró en vigor veinte días después de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
BOE-A-2008-19527