Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**NO ES UNA NUEVA LEY NI MODIFICA DIRECTAMENTE OTRAS LEYES; ES EL REAL DECRETO 393/2007, QUE DESARROLLÓ LA LEY 2/1985 DE PROTECCIÓN CIVIL, SIN SUSTITUIR LAS OBLIGACIONES DE LA LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, Y QUE FUE MODIFICADO POSTERIORMENTE POR EL REAL DECRETO 1468/2008.** Su finalidad era prevenir y controlar riesgos y organizar la respuesta ante emergencias mediante la Norma Básica de Autoprotección, aplicable a determinadas actividades, centros e instalaciones —como industrias con sustancias peligrosas, infraestructuras de transporte y energía, hospitales, centros docentes, residencias, edificios de gran aforo, campings y espectáculos—, con carácter mínimo y supletorio cuando existiera normativa sectorial específica. Los titulares debían elaborar, implantar, registrar, mantener y revisar, mediante personal técnico competente, un Plan de Autoprotección que identificara y evaluara los riesgos, estableciera medidas preventivas, medios de protección, evacuación o confinamiento, procedimientos de emergencia, formación del personal, simulacros al menos anuales e integración con los planes de protección civil; las Administraciones podían exigir estos planes a otras actividades de especial riesgo, inspeccionarlos, registrarlos y sancionar su incumplimiento. También se permitía integrar en un único documento las obligaciones previstas en distintas normas, y las entidades locales podían imponer requisitos adicionales. Se derogaron la Orden de 29 de noviembre de 1984 sobre el Manual de Autoprotección frente a incendios y evacuación y la sección IV del capítulo I del título I del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. El Real Decreto quedó derogado con efectos de 11 de julio de 2023, salvo la Norma Básica de Autoprotección, que permaneció vigente hasta el 10 de octubre de 2026 y quedó sin efecto por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026.