La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía crea un marco moderno y claro para proteger y mejorar el medio ambiente en la comunidad, integrando prevención, responsabilidad compartida (administraciones, empresas y ciudadanos), participación pública y acceso a la información; regula los instrumentos para evitar y corregir impactos (Autorización Ambiental Integrada; Autorización Ambiental Unificada y su modalidad simplificada; evaluación ambiental estratégica; calificación ambiental; autorizaciones de emisiones y vertidos; registro único de actuaciones), obliga a medir y vigilar la calidad del aire, agua, suelo, ruido y contaminación lumínica, refuerza el control de residuos con la jerarquía de prevención‑reutilización‑reciclaje‑valorización, establece responsabilidad y garantías económicas para reparación del daño ambiental, potencia la inspección y sanciones bajo el principio “quien contamina paga”, fomenta instrumentos voluntarios, acuerdos y distintivos de calidad ambiental y prevé incentivos para inversión, I+D+i y mejores técnicas; además simplifica y coordina procedimientos municipales y autonómicos, fija plazos y obligaciones de información pública y crea redes e inventarios (calidad del aire, suelos potencialmente contaminados, registro de actuaciones, puntos limpios) para facilitar la gestión y la transparencia. NUEVA LEY: SUSTITUYE A LA LEY 7/1994 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA Y DEROGA, ENTRE OTRAS, DISPOSICIONES A SUCRETAS COMO EL DECRETO 292/1995 (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Andalucía), EL DECRETO 153/1996 (Reglamento de Informe Ambiental), LOS ARTÍCULOS 11 A 13 DEL DECRETO 74/1996 Y LOS ARTÍCULOS 13, 14, 23 Y 25 DEL DECRETO 334/1994; asimismo se articula y adapta a la normativa estatal y europea aplicable (por ejemplo Ley 21/2013 sobre evaluación ambiental, Ley 27/2006 sobre acceso a la información ambiental, Ley 16/2002 sobre prevención y control integrados, Ley 37/2003 sobre ruido, Ley 10/1998 sobre residuos, Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental y otros reales decretos sectoriales) para que cualquier persona, empresa o administración sepa sus derechos, obligaciones y qué trámites seguir.
BOE-A-2007-15158