Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

NUEVA LEY: SUSTITUYE Y DEROGA LA LEY 7/1984, DE 21 DE DICIEMBRE (LEY DE FINANZAS). La Ley de Cantabria 14/2006 moderniza y regula el marco económico‑financiero del sector público autonómico: define qué entidades forman parte del sector público de Cantabria y regula la Hacienda Pública autonómica (sus derechos y obligaciones de naturaleza pública y privada), fija los principios de los Presupuestos (unidad, universalidad, anualidad, no afectación, estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia) y obliga a planificar a medio plazo mediante escenarios y programas plurianuales con memorias de objetivos; establece las reglas para elaborar, aprobar, ejecutar y modificar los Presupuestos y para vincular y limitar los créditos y los compromisos plurianuales; centraliza y ordena la Tesorería mediante un Presupuesto monetario anual; limita y regula el endeudamiento (autorización legal previa, reglas para deuda a corto y largo plazo, memoria anual sobre política de endeudamiento y saldo vivo) y los avales; obliga a llevar contabilidad pública armonizada y a formular cuentas anuales que la Intervención General agregará en la Cuenta General y remitirá al Tribunal de Cuentas, con información periódica al Parlamento y publicación de datos relevantes; refuerza el control interno y la auditoría (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública con planes e informes), impone deberes de transparencia y de remisión de información por parte de las entidades y prevé mecanismos de seguimiento del equilibrio financiero y de planes de saneamiento; regula la gestión de ingresos (liquidación, recaudación, apremio, intereses de demora, compensaciones y prescripción), la ejecución del gasto (fases: aprobación, compromiso, reconocimiento, ordenación y pago, con reglas para anticipos y justificantes) y protege bienes destinados a servicios públicos frente a embargos; y establece responsabilidades patrimoniales y procedimientos para exigir indemnizaciones por actos contrarios a la Ley. En conjunto, la norma busca mayor control, sostenibilidad y transparencia en las finanzas públicas autonómicas.