Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.

MODIFICA LEYES EXISTENTES: reforma el marco de la Ley de Puertos (Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) e incorpora o modifica disposiciones de leyes anteriores y posteriores (entre ellas Ley 62/1997, Ley 50/1998, Ley 14/2000, RDL 4/2000, Ley 24/2001, Ley 53/2002) y fue a su vez modificada por la Ley 33/2010; señaladamente, su texto fue refundido y parte de su regulación posteriormente derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2011, si bien permanecen vigentes algunas disposiciones transitorias (entre ellas las disposiciones transitorias 1 y 2 del texto refundido). Esta norma actualiza la regulación de los puertos de interés general para hacerlos más competitivos, sostenibles e intermodales: organiza la actividad en títulos sobre régimen económico (tasas, precios privados, Fondo de Compensación Interportuario y coeficientes/bonificaciones para fomentar logística, intermodalidad, medio ambiente e insularidad), planificación y control (Marco Estratégico, planes de empresa, presupuestos consolidados, contabilidad uniforme y fiscalización por la IGAE y el Tribunal de Cuentas), prestación de servicios (diferenciando servicios generales del puerto, servicios portuarios básicos —practicaje, remolque, amarre, manipulación/estiba, recepción de residuos— liberalizados para operadores privados mediante licencias regladas y con obligaciones de cobertura universal; y servicios comerciales), y dominio público portuario (delimitación de la zona de servicio, autorizaciones temporales, concesiones demaniales con plazos hasta 35 años según inversión y reglas sobre concursos, modificación, transmisión, garantías, rescate e indemnizaciones); refuerza la autonomía económico‑financiera de las Autoridades Portuarias y el papel de Puertos del Estado en coordinación y supervisión, establece principios de autosuficiencia, recuperación de costes y libertad de acceso, regula detalladamente la fijación, actualización y bonificaciones de tasas y tarifas (incluyendo mecanismos para incentivar tráficos estratégicos y buenas prácticas ambientales), introduce obligaciones de transparencia y registros públicos de prestadores, regula incompatibilidades y separación contable para evitar abusos, crea instrumentos para garantizar la prestación y competencia efectiva (Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, comités consultivos y prescripciones particulares), ordena el régimen patrimonial y de contratación, regula el régimen laboral y la nueva figura de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) para la gestión de la mano de obra en la estiba con reglas sobre contratación, formación y garantías, exige planes de emergencia y medidas ambientales (planes de recepción de residuos, control de dragados, prevención de vertidos) y refuerza el régimen sancionador y los mecanismos de ejecución administrativa; su finalidad es impulsar la participación privada en inversiones y gestión manteniendo instrumentos de control para proteger el interés general, la seguridad marítima y el medio ambiente.