La LEY DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS establece un marco normativo moderno para la gestión del patrimonio estatal, derogando la anterior Ley 89/1962 y modificando la Ley de Contratos del Sector Público. La norma busca coordinar la administración y conservación de los bienes públicos, promoviendo la cooperación entre administraciones y la digitalización de procesos. Se crean categorías de bienes (dominio público y privado) y se establecen principios para su gestión, adquisición, desafectación y enajenación, garantizando transparencia y eficiencia. La ley también promueve la protección del patrimonio cultural y natural, regula el uso y explotación de bienes de dominio público y patrimoniales, y establece un régimen sancionador para infracciones. Finalmente, se determinan disposiciones para convenios interadministrativos y se otorgan competencias al Consejo de Ministros para regular aspectos específicos, entrando en vigor tres meses después de su publicación.
BOE-A-2003-20254