Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

ES UNA LEY NUEVA, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que incluye la corrección de errores publicada en el BOE de 24 de mayo de 2002, y MODIFICA, entre otras, las Leyes 40/1998 del IRPF, 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades, 20/1990 sobre el régimen fiscal de las cooperativas, 41/1998 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 37/1992 del IVA, 38/1992 de Impuestos Especiales, 20/1991 y 19/1994 sobre el régimen fiscal de Canarias, 8/1991 sobre el impuesto de Ceuta y Melilla, 230/1963 General Tributaria, 8/1987 de planes y fondos de pensiones, 27/1992 de Puertos, 13/1996 de ayudas a víctimas del terrorismo, 30/1995 de ordenación y supervisión de los seguros privados, 66/1997 de medidas fiscales y administrativas, 34/1998 del sector de hidrocarburos, 25/1990 del Medicamento, 14/2000 de medidas fiscales y administrativas, 30/1984 de reforma de la función pública, 42/1994 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, 42/1999 de régimen del personal de la Guardia Civil, 26/1994 de segunda actividad de la Policía, 23/1988 de modificación de la función pública, 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado, 16/1989 de defensa de la competencia, 23/1998 de cooperación internacional, 31/1985 de órganos rectores de las cajas de ahorro, 25/1988 de Carreteras, 8/1972 de autopistas, 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, 24/1998 del servicio postal universal, 38/1999 de ordenación de la edificación, la Ley Orgánica 1/1990 de ordenación general del sistema educativo, 13/1986 de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, 52/1980 del acueducto Tajo-Segura, 29/1985 de Aguas, 10/1998 de residuos, 42/1998 sobre aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, la Ley Hipotecaria, el Código de Comercio, la Ley del Notariado, la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación y la Ley 12/1999 sobre la aportación española al BERD; además, crea el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, nuevas tasas y organismos, adapta la normativa al euro, impulsa la administración electrónica, modifica prestaciones sociales, empleo público, contratación, infraestructuras, energía, vivienda, telecomunicaciones, investigación, sanidad y seguridad jurídica registral, y entra en vigor, con carácter general, el 1 de enero de 2002.