**NUEVA LEY: Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad; NO MODIFICA OTRAS LEYES EN SU APROBACIÓN**, aunque posteriormente su régimen de autorización previa fue modificado por la **Ley 5/2020, de 29 de abril**. La ley establece que el personal público debe dedicarse, con carácter general, a un único puesto y determina a quién se aplica, incluyendo al personal de la Generalidad, sus organismos y empresas públicas, las entidades locales, las universidades, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo y otras entidades financiadas mayoritariamente con fondos públicos. Regula las actividades compatibles, como la gestión del patrimonio personal, determinadas actividades docentes, científicas, artísticas o formativas y algunos cargos representativos; permite excepcionalmente un segundo puesto público cuando exista interés público y se respeten los límites legales de jornada y retribuciones, y autoriza ciertas actividades privadas siempre que no comprometan la imparcialidad, no estén relacionadas con las funciones públicas ni impliquen conflictos de intereses. También limita las dietas, indemnizaciones y participaciones en órganos de administración, prohíbe utilizar la condición de empleado público para negocios privados y establece la incompatibilidad entre las pensiones públicas de jubilación o retiro y el desempeño de puestos públicos, salvo la jubilación parcial compatible con un trabajo a tiempo parcial. Para ejercer otra actividad es necesaria una declaración y una autorización expresa previa; la competencia corresponde a los consejeros, rectores o plenos municipales según el caso, y las autorizaciones quedan sin efecto si cambia el puesto o sus condiciones. Finalmente, la ley prevé controles administrativos, obligaciones de prevención y un régimen disciplinario para sancionar los incumplimientos, mantiene transitoriamente en Cataluña determinados regímenes de la **Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas**, y ordena a las autoridades y tribunales garantizar su cumplimiento.
BOE-A-1987-28478