El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, firmado por España el 28 de septiembre de 1976 y ratificado el 13 de abril de 1977, establece la protección de derechos fundamentales como la vida, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, obligando a los Estados Partes a garantizar y promover estos derechos sin discriminación y a crear recursos efectivos ante violaciones. Asimismo, el pacto reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos y establece mecanismos para supervisar su cumplimiento, indicando que ningún Estado puede interpretar sus disposiciones en detrimento de los derechos humanos ni limitar el acceso a recursos naturales. El pacto incluye artículos que protegen contra la tortura, garantizan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y prohíben la esclavitud y el trabajo forzado. Establece también derechos procesales, como el derecho a un juicio justo y la prohibición de la detención arbitraria. Finalmente, el Pacto forma un Comité de Derechos Humanos para evaluar su aplicación y garantizar el respeto a estos derechos a nivel global. Esta ley es NETA, ya que reconoce y promueve derechos ya establecidos, pero refuerza su aplicación y supervisión.
BOE-A-1977-10733